IAIP ocultó desvío millonario en la UPT

Marlene Alonso, presidenta del Iaip, frenó ocho recursos de revisión de un ciudadano que pedía convenios que signó la universidad en 2017, año en que se detectó el pago de 178 mdp a “empresas fantasma”

Comisionada incurrió en violación a derechos humanos y derecho a la información, gravedades sustentadas en el juicio político promovido en su contra y que espero que el Congreso local lo valore, dijo Cabrera Canales

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos  Personales del estado de Tlaxcala (Iaip), a cargo de Marlene Alonso Meneses, ocultó información pública relacionada con el desvío de 178 millones de pesos que realizó la Universidad Politécnica de Tlaxcala (Uptx) al entregar esa cantidad económica a “empresas fantasmas” durante 2017, ya que la funcionaria paralizó ocho recursos de revisión que promovió un ciudadano que buscaba acceder a los convenios que signó la institución educativa ubicada al sur del estado.

El monto millonario lo observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e hizo público hace unos días dentro del informe de fiscalización de la Uptx en ese año, toda vez que la universidad tlaxcalteca figura en la llamada “estafa maestra” nacional, que involucra a diversas instituciones públicas del anterior gobierno federal y de diversas escuelas de educación superior del país por entregar miles de millones de pesos a empresas inexistentes que fueron recomendadas por la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga.

Jurídicamente, Alonso Meneses incurrió en violación a los derechos humanos y violencia contra las prerrogativas de acceso a la información que tiene la población por mandato de la Constitución de México y de Tlaxcala, debido a que frenó y ocultó, por alrededor de seis meses, las peticiones de información que se le requirieron a la Uptx.

Aunado a los ocho recursos de revisión que el ciudadano promovió por medio año al no recibir respuesta favorable de la documentación oficial que en su momento estaba pidiendo mediante solicitudes de acceso a la información pública, así lo consideró David Cabrea Canales, quien también se ostenta como presidente del Iaip, al dar a conocer el ocultamiento de información que provocó Alonso Meneses.

Cabrera canales explicó que el ciudadano pedía información de los convenios que realizó la Uptx con diversas empresas, y “esos convenios no se le proporcionaron bajo varias razones que puso la Uptx, así como otros sujetos obligados a los que se les pedía la información, sin embargo la comisionada no les requirió y no llevó a cabo el procedimiento para la sustanciación de esos recursos de revisión”.

Además de que los tuvo retenidos por más de seis meses los ocho recursos de revisión, lo que se traduce en “una afectación al derecho humano de esta persona de tener acceso a la información pública, razón por la que el ciudadano presentó el juicio político ante el Congreso del estado” contra la comisionada Alonso Meneses.

Detalló Cabrera Canales que tiene conocimiento de que son “son ocho recursos de revisión a traídos y ocultados, que dieron origen a que la persona (el ciudadano) presentara juicio político en contra de la comisionada Marlene Alonso, juicio político que ya se está llevando a cabo porque se está revisando, ahorita se encuentra al igual que los juicios políticos en contra de nosotros que promovido ella, se encuentran en la etapa de radicación por parte de los legisladores locales”.

Consideró que la comisionada incurrió en violaciones a derechos humanos y derecho a la información, gravedades que están sustentadas en el juicio político que los dos comisionados promovieron contra Alonso Meneses y “que espero que el Congreso local valore” dentro del dictamen final que emitan los congresistas.